Grassi responde a impugnaciones y solicita avanzar con homologación
El proceso judicial de Vicentin dio un paso esta semana que muchos estaban esperando: la firma Grassi presentó un escrito donde responde a las impugnaciones de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (MOA/LDC), así como a algunos acreedores. En su presentación, Grassi asegura que su propuesta de salvataje cuenta con el respaldo de las mayorías necesarias. Por eso, renovó su pedido al juez Fabián Lorenzini para que homologue el acuerdo preventivo y autorice la adjudicación de las acciones según lo que manda la Ley 24.522.
En su defensa, Grassi se basa en un informe reciente de la sindicatura plural —compuesta por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García— que confirma que se han recibido 1.141 adhesiones válidas de un total de 1.708 acreedores, que representan el 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado. Esto incluye el apoyo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que presentó su conformidad a fines de octubre, cumpliendo así con los requisitos legales.
Grassi defiende el acuerdo y responde a las impugnaciones
En su defensa, Grassi subraya que no hay irregularidades que cuestionen la validez del acuerdo alcanzado. Aseguran que las impugnaciones solo buscan reabrir debates que ya fueron resueltos por la corte o el órgano concursal. En particular, el escrito aborda las dudas planteadas por Molinos y Dreyfus sobre algunas adhesiones y cesiones de crédito, afirmando que todas las voluntades computadas cumplen con las exigencias formales necesarias.
Además, sostienen que varias cesiones de entidades como Bunge Agritrade, Rabobank y Banco Macro han sido verificadas y tienen plena eficacia en el cómputo de votaciones.
Cuestionamientos sobre ciertos planteos
En este contexto, el escrito aclara que algunos cuestionamientos intentan excluir adhesiones de entidades vinculadas o incluso de empresas radicadas en Paraguay. Grassi argumenta que los créditos de estas entidades ya fueron reconocidos y que cuentan con la documentación adecuada. Este punto fue destacado en la defensa, señalando que se percibe un intento de reabrir cuestiones ya tratadas y desechadas anteriormente.
Interpretación de la Ley
Otro aspecto clave de la defensa de Grassi se centra en el artículo 48 inciso 7 de la Ley 24.522, que establece cómo se debe actuar cuando una empresa presenta una valoración negativa de su capital social. Según este artículo, el tercero que alcanza las mayorías tiene derecho a la transferencia de las acciones sin requerir trámites adicionales. Grassi respalda esta interpretación citando doctrinas que definen el proceso como automático una vez cumplidas las condiciones legales.
El juez y el próximo cierre
El juez Lorenzini abrió un plazo de cinco días para responder a las impugnaciones, después de que Grassi fuera el primero en comunicar que había alcanzado las mayorías dentro del marco legal. Esta revisión es crucial antes de que el magistrado esté en condiciones de dictar el fallo de homologación.
Días previos a que se cierre el periodo, el juez había ordenado a MOA/LDC retirar de su portal cualquier herramienta que pudiera inducir a callejones equivocados a los acreedores, para garantizar que el proceso se mantenga neutral. Aunque el consorcio también aseguró que habían alcanzado las mayorías, sus adhesiones no fueron validadas por la sindicatura, ya que no ingresaron a tiempo.
Con todo esto, la posición de Grassi se fortalece dentro del expediente. La empresa reiteró que, dado que las mayorías están certificadas y cada adhesión es válida, se debe declarar la existencia del acuerdo preventivo y autorizar la transferencia del capital accionario.
Si el proceso avanza hacia la homologación, Grassi estará lista para implementar su plan operativo. Esto incluye volver a poner en marcha la producción, restaurar el vínculo con los productores mediante mecanismos comerciales preferenciales y ofrecer un esquema de recuperación total para los acreedores que colaboren con la financiación de exportaciones. La compañía está decidida a restablecer el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin en el ciclo agroindustrial de San Lorenzo.
Después de casi seis años de un default que superó los 1.500 millones de dólares, este caso se acerca a una definición. Con las impugnaciones, las defensas y las validaciones técnicas completadas, ahora todo queda en manos del juez Lorenzini para resolver si están dadas las condiciones de cerrar el proceso y dar paso a una nueva etapa bajo la administración del oferente ganador.